Tras conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, que dispuso por mayoría declarar la inconstitucional la ley sancionada en la Ciudad de Buenos Aires mediante la cual no se permitía a las inmobiliarias cobrar honorarios a los inquilinos, ahora el tema se debatiría en el Congreso Nacional.
El Instituto de la Vivienda de la ciudad defendió, por su parte, la ley de alquileres sancionada por la legislatura porteña el año pasado, en el entendimiento que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alquila un 35% de la población y por tanto la ley responde a objetivos tuitivos de aquel sector.
En este sentido, el Instituto de la vivienda porteño y el Gobierno de la ciudad preparan una apelación ante el máximo tribunal porteño para defender la postura de la ley sancionada, que aún continúa vigente. Por su parte, desde el Congreso Nacional se espera que este año se retome la discusión acerca de la Ley de alquileres, que quedara trunca por falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición.
El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de C.A.B.A puntualiza si una ley como la sancionada por la Ciudad puede inmiscuirse en cuestiones contractuales entre dos partes, es decir, si tiene competencia para sancionar dichas leyes.
Cabe recordar que el proyecto que había sido presentado en el Congreso Nacional estipulaba, al igual que la ley porteña, que la comisión sea abonada íntegramente por el propietario. Debido al desacuerdo planteado entre oficialismo y oposición, la ley perdió estado parlamentario. Este año se presentó ante el Congreso Nacional un texto consensuado por las partes (básicamente más respetuoso de los requerimientos de inmobiliarias y corredores inmobiliarios), pero dicho texto no hace referencia al tema del pago de la comisión y sobre quién recae.
Respecto al proyecto a presentar en el Congreso Nacional, se han llevado a cabo reuniones, más precisamente entre asesores del Senado, a los efectos de consensuar un texto para presentar en el debate, e incluir lo referido a las comisiones. Sin lugar a dudas, luego del fallo de la Cámara de apelaciones porteña se celebrarán nuevas reuniones.
Cabe retrotraerse al origen de la controversia, que se inició con la sanción de la ley de alquileres en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma establecía que corredores inmobiliarios e inmobiliarias no podían cobrar comisión por el trabajo realizado al inquilino, y depositaba este gravamen sobre el propietario. Asimismo, establecía un tope para el cobro de las comisiones, estipulando que el mismo no podía superar el 4,15% del valor del contrato. Además, impedía que las inmobiliarias cobren a los inquilinos gastos adicionales, como gestión de informes, veraz, etc.
Ante esto, no se hicieron esperar los amparos presentados por el Colegio único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba), el Centro de Corredores Inmobiliarios (Cecin) y la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios (CRCI) y 75 corredores inmobiliarios matriculados que solicitaron se declare inconstitucional la ley 5859.
Los detractores a la ley sancionada afirmaban que la misma atentaba contra las facultades del Congreso Nacional. En primera instancia, los mismos habían obtenido un fallo adverso, pero ahora la Cámara viene a rubricar lo solicitado por lo apelantes, diciendo que la legislatura porteña avanzó sobre una competencia del Congreso Nacional. Asimismo, estableció que desconoció los artículos 1346 y siguientes del Código Civil y Comercial y crea una figura contractual que establece la gratuidad para el locatario.
“Mientras que la facultad de regular aranceles y/o imponer el deber de informar atañe al modo en que se ejerce la profesión y, por tanto, la jurisdicción local puede imponerlo, alterar las reglas del contrato incumbe, en cambio, al ámbito nacional”, puntualiza el fallo.